Ciudadanía institucionalizada: fuerzas y debilidades del CPC (segunda parte)

En la primera parte de este texto se concluyó que tenemos un ente —el Comité de Participación Ciudadana, CPC— con una doble responsabilidad en materia de anticorrupción: institucional y social. Por las características de sus funciones debe ejercer la política para llegar a acuerdos y, además, es de origen ciudadano. Bajo este contexto, ¿por qué la apuesta por la ciudadanización del CPC puede ser una fuerza y a la par convertirse en su principal vulnerabilidad?