De la captura del Estado al control de la corrupción:Implicaciones de política pública y derechos humanos

La corrupción genera violaciones de los derechos humanos. Orillar a un ciudadano a pagar un soborno para ser atendido en un hospital público,por ejemplo, limita el ejercicio pleno de su derecho a la salud, lo cual constituye una forma de transgredir sus derechos humanos. A mayor escala, el desvío de recursos públicos en una dependencia o la solicitud de grandes cantidades de dinero para otorgar un contrato de obra pública son muestras de la disminución de la cantidad de bienes disponibles y la calidad de servicios recibidos por parte de la población. Ello transgrede abiertamente “las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos” (Vázquez et al., 2017, pág. 32).

Por esta razón, el combate a la corrupción es una de las formas en que se puede acotar la violación de los derechos humanos. Sin embargo,para establecer un conjunto de acciones estructuradas que se hagan cargo del problema de la corrupción, primero es preciso dar forma y sacar a la luz sus contornos y dimensiones, es decir, definir claramente a qué se refiere cuando se habla de corrupción.

En este capítulo se analizan distintas concepciones que están en el centro de la discusión sobre la corrupción y sus implicaciones para elaborar políticas públicas que ayuden a controlarla. El supuesto subyacente es que difícilmente se podrá gozar de un ejercicio pleno de los derechos humanos en México, si no se emprenden acciones contundentes para combatir la corrupción. Para ello, se requiere adoptar un enfoque de políticas públicas que la coloque como el problema central a ser atendido.