El Diario NTR

Las políticas públicas son lo que se hace, no lo que se dice. En otras palabras, la autoridad pone en evidencia sus intenciones verdaderas a partir de sus decisiones, que se notan, a su vez, en la proporción de recursos que destina a atender cada asunto a su cargo, especialmente cuando ocurre algo inesperado.

Al respecto, es de notar lo que ha ocurrido en el caso de Nancy Gómez, una mujer con cargo de Ministerio Público, que difundió la grabación de la llamada telefónica en la que su jefe inmediato le ordenaba llevar a cabo un acto de corrupción, que dejaría en la impunidad al presunto cómplice de un posible acto de secuestro.

Tal vez pocas cosas nos hagan enojar más que sentir se atenta contra nuestro privilegio, aquello que consideramos que es nuestro derecho, y que nadie debería limitar, excepto las personas que consideramos nuestras semejantes. Eso queda muy bien ejemplificado con la demanda de cambios a la ciclovía de avenida Guadalupe, en el municipio de Zapopan.

Debemos preocuparnos porque en el Congreso de Jalisco hay personas que saben manipular los procesos legislativos y hace tres semanas lograron imponer dos normas dañinas para las poblaciones que integran los grupos de la diversidad sexual. 

En lo que se refiere al derecho al matrimonio, el Congreso acató, con un retraso de seis años, un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y cambió el Código Civil de Jalisco para estipular que el matrimonio es para dos personas mayores de edad, sin especificar ningún género, con lo que se le reconoce igualdad de derechos a todas las parejas casadas. Eso estuvo bien. 

Las decisiones que tomamos en situaciones complicadas ponen de manifiesto qué es lo que consideramos más valioso. Esto es particularmente claro en el caso de quienes se dedican a la política. 

En ese sentido, y siguiendo la reflexión de Bismarck, podemos asumir que López Obrador es un político más, y no un estadista, como sus seguidores quieren creer, porque sus decisiones están claramente enfocadas en asegurar el triunfo de su partido en las elecciones más inmediatas, haciendo lo que sea necesario, incluso violar la ley. 

Esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que está a cargo de investigar lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, quienes desaparecieron en septiembre de 2014, en circunstancias que aún no han sido aclaradas y, por lo tanto, aún se desconoce su paradero, dio a conocer sus nuevos hallazgos, y son sumamente preocupantes, por lo que revelan de la manera en que operan las Fuerzas Armadas en nuestro país. 

Uno esperaría que el Congreso del Estado de Jalisco, donde se elabora y ajusta el marco normativo que rige a quienes nos encontramos en este estado, sería la primera institución que pondría el ejemplo de respeto a la legalidad, sin embargo, esto no es así.

Tenemos varios ejemplos de decisiones claramente ilegales tomadas en esta y anteriores legislaturas, aun cuando no todas han sido juzgadas así por un tribunal, pero basta con revisar las noticias en torno al Congreso para encontrar varias notas en las que un juez le ordena corregir alguna de sus decisiones, porque faltó a la legalidad.

En la segunda quincena de junio de 2018, varias personas, organizaciones ciudadanas, empresariales, académicas y públicas, discutimos en torno a las circunstancias en las que había operado en su momento la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, y las oportunidades que se derivaban de su transformación en una Fiscalía.

Para quienes no conocen del tema esa transformación podría ser un simple cambio de nombre, y de hecho es muy probable que así haya sido, pero en aquel entonces teníamos el anhelo de que fuera algo más, y que la institución le sirviera a la población, especialmente a quienes han sido víctimas de algún delito, por encima de cualquier otra persona o entidad.

El poder tiene su propia lógica, como bien lo supo explicar Maquiavelo en su obra El príncipe, en la que daba cuenta de las estrategias fundamentales para acceder al poder, conservarlo e incrementarlo. Quien desea tener poder debe ser capaz de tomar muchas decisiones muy difíciles, más difíciles mientras más poder se maneja. Precisamente por eso el uso del poder tiene una ética, y uno de sus principios es que quien tiene poder debe utilizarlo, porque de otra manera creará un vacío de poder.

Terminó el tiempo de recogimiento y de reflexión, de penitencia con la Semana Santa, para todos, el descanso y la paz de estos días, y no es porque se nos acabaron las vacaciones, sino porque empezaron las campañas políticas. Los suspirantes se ponen sus mejores galas, presumen sus cualidades para gobernar un municipio, para ser diputados, y en 15 estados, exceptuando Coahuila y Quintana Roo, los y las candidatas se proponen como la mejor opción para gobernar a sus terruños y representar a sus ciudadanos. 

Por más que se han acortado los periodos de campaña, de aquí hasta el día de las elecciones tendremos que soportar promocionales de partidos y candidatos que se postulan como el remedio de todos los males de este país. Como cada elección, se nos ha dicho que serán las elecciones más grandes de la historia, y no es sólo por los 3 mil 526 cargos de elección popular que estarán en juego, sino por la continuidad o no de un proyecto nacional, por los 20 mil 311 cargos locales que se renovarán en mil 926 alcaldías y 30 estados. En que Hidalgo y Durango serán la excepción.

En un país que aspira a consolidar su democracia, la consulta popular debiera ser un recurso excepcional. Es importante no desgastar dicha figura, sobre todo si a través de los mecanismos ordinarios se pueden resolver los problemas que se pretenden abordar consultando a los ciudadanos. 

Para qué recabar firmas si el presidente López Obrador ha dicho que él va a solicitar de manera directa el juicio a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

Tampoco haría falta una consulta ciudadana si en el país privara realmente el estado de derecho: la ley se cumple y a quien la viola, se le sanciona, trátese de un ciudadano común, de altos funcionarios o ex presidentes.