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En democracias como la nuestra la población tiene la oportunidad de elegir a las personas que ejercerán ciertos cargos públicos. Las elecciones son un mecanismo mediante el que la ciudadanía procura que las decisiones públicas se tomen de una manera más cercana a sus propios intereses. 

Lo ideal para algunas personas sería que se sometieran a votación absolutamente todos los puestos públicos, pero como eso es imposible en la práctica, nuestro sistema político ha determinado que algunos cargos son de elección popular, mientras que otros son resultado de una designación. 

En la película V de Venganza hay una secuencia en la que el personaje principal, V, le recuerda a la teleaudiencia de su país que, en medio del pánico causado por una guerra y una epidemia, la población aceptó la propuesta de un líder político que les ofreció orden y paz a cambio de su consentimiento obediente y silencioso, y en consecuencia ahora tenían que soportar la crueldad y la injusticia, la intolerancia y la opresión, sin quejarse ni exigir soluciones, como antes podían hacerlo.

Así, a lo largo de la película nos vamos enterando de cómo ese país fue renunciando a los contrapesos democráticos, dejando que se concentrara todo el poder en una sola persona y, paradójicamente, quienes lo habitaban vivían cada vez más inseguros, porque la arbitrariedad con la que se ejercía el poder favorecía a las autoridades que abusaban de él, en medio de la impunidad incluso si dañaban a alguien. Cualquier parecido con la realidad de México es producto de la historia, no de la casualidad.

Recientemente, investigadores de la UNAM y del CIDE hicieron notar el hecho de que el Congreso de la Unión no está trabajando, y me atrevo a decir que la gran mayoría de la población no se ha dado cuenta de eso, lo que se explica en parte por el hecho de que la atención a la pandemia provocada por el Covid-19 ha hecho que pongamos los ojos en el Poder Ejecutivo y sus dependencias, como es lógico.

Pero el hecho de que casi nadie haya notado la ausencia del Congreso también puede deberse a que nuestra cultura política autoritaria nos acostumbró a considerar que sólo lo que hace el presidente es importante, y en todo caso lo que ocurra en el Poder Judicial, porque sabemos que lo más conveniente es no tener nada que ver con asuntos judiciales, porque siempre perderemos algo, aunque sea sólo tiempo.

Durante octubre las manifestaciones populares en Chile dominaron la agenda política internacional. Con un desborde de imágenes y videos, las redes sociales nos mostraron las escenas aterradoras del regreso de la represión militar a las calles del país sudamericano. Plantones, huelgas, incendios en mobiliario público y privado, descubrieron también una sociedad desesperada por provocar un cambio en la situación política y económica del país y en ello revivieron los símbolos de la dictadura: las melodías de resistencia de Víctor Jara, el recuerdo de Allende, las tanquetas de agua para dispersar a la muchedumbre, la alusión al estado de guerra. Pareciera que en ese país las cosas no han cambiado mucho desde los setenta.

En la primera parte de este texto se concluyó que tenemos un ente —el Comité de Participación Ciudadana, CPC— con una doble responsabilidad en materia de anticorrupción: institucional y social. Por las características de sus funciones debe ejercer la política para llegar a acuerdos y, además, es de origen ciudadano. Bajo este contexto, ¿por qué la apuesta por la ciudadanización del CPC puede ser una fuerza y a la par convertirse en su principal vulnerabilidad?

La creación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una apuesta por ciudadanizar la toma de decisiones en el marco de la gobernanza anticorrupción en México. Ahí radica su fuerza, pero también su principal vulnerabilidad. Si no se entiende la apuesta que se está haciendo, se corre el riesgo de que su función al interior del SNA se desnaturalice y se convierta en algo distinto a lo que es: un órgano ciudadano con responsabilidades públicas de tipo institucional y social. Abordemos de inicio el significado y alcance de la gobernanza para tratar de entender después la importancia y el papel que el CPC, como entidad ciudadana, desempeña en el marco de la lucha contra la corrupción.

An anti-corruption wave is sweeping Latin America. Last week, former Panamanian president Ricardo Martinelli stopped fighting extradition from the United States back to Panama, where he faces several criminal charges, including corruption. But that’s just the most recent example.

This anti-corruption wave is new in the region. It comes after more than a decade and a half — 2000-2016 — in which Latin American corruption was widespread and steady. My research finds that the reason is clear: Executives weren’t being checked by the legislative and judicial branches. In the past months, those branches have stepped up and begun to do their jobs, after citizens commenced to demand accountability in face of major corruption scandals. That could change the region.