Alfonso Hernández Valdez

La corrupción genera violaciones de los derechos humanos. Orillar a un ciudadano a pagar un soborno para ser atendido en un hospital público,por ejemplo, limita el ejercicio pleno de su derecho a la salud, lo cual constituye una forma de transgredir sus derechos humanos. A mayor escala, el desvío de recursos públicos en una dependencia o la solicitud de grandes cantidades de dinero para otorgar un contrato de obra pública son muestras de la disminución de la cantidad de bienes disponibles y la calidad de servicios recibidos por parte de la población. Ello transgrede abiertamente “las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos” (Vázquez et al., 2017, pág. 32).

Por esta razón, el combate a la corrupción es una de las formas en que se puede acotar la violación de los derechos humanos. Sin embargo,para establecer un conjunto de acciones estructuradas que se hagan cargo del problema de la corrupción, primero es preciso dar forma y sacar a la luz sus contornos y dimensiones, es decir, definir claramente a qué se refiere cuando se habla de corrupción.

En este capítulo se analizan distintas concepciones que están en el centro de la discusión sobre la corrupción y sus implicaciones para elaborar políticas públicas que ayuden a controlarla. El supuesto subyacente es que difícilmente se podrá gozar de un ejercicio pleno de los derechos humanos en México, si no se emprenden acciones contundentes para combatir la corrupción. Para ello, se requiere adoptar un enfoque de políticas públicas que la coloque como el problema central a ser atendido.

Jesús Ibarra Cárdenas (coord.)

El hilo conductor que articula este libro tiene que ver con […] el análisis de las piezas que son parte del problema y alimentan al fenómeno de la corrupción; asimismo, se destacan aquellos conceptos, instrumentos y propuestas que abonan a la integridad pública y a la protección de los derechos. La obra muestra la relevancia de entender el papel de la transparencia o el de la impunidad cuando ocurren graves violaciones de los Derechos Humanos; las dificultades en la protección de los derechos que supone el binomio corrupción/neoliberalismo, especialmente cuando no existe voluntad de las élites políticas para ese fin. También, el efecto que tiene la captura partidista de instituciones estratégicas en la garantía derechos y libertades o la manera en que funciona la pequeña corrupción, así como la relevancia que hoy en día ha cobrado la perspectiva de género en el actual procedimiento administrativo sancionador, al igual que otros retos y dificultades para vivir en un ambiente libre de corrupción y a favor de la dignidad de las personas…

Autoras y autores que participan en la obra: Isabel Lifante Vidal, Jaime Cárdenas Gracia, Alejandro Anaya Muñoz, Ilsse Carolina Torres Ortega, Jesús Ibarra Cárdenas, Alfonso Hernández Valdez, Carlos Moreno Jaimes, Ana Isabel Cortés Coronado y Raúl Bermúdez Camarena.

Por: Andrea L. Sandoval García, Paola Morales Ruiz y Maite Ochoa Zermeño*

Nota del docente (Dr. Alfonso Hernández Valdez): Este texto es producto de una coyuntura inesperada dentro de un contexto académico que se suponía controlado, hasta que irrumpió la pandemia del COVID-19 y cambió por completo toda nuestra realidad. Por ello su temática es doblemente pertinente: indaga las percepciones y emociones de las y los estudiantes del ITESO al trasladar sus cursos al formato en línea (contexto académico) en una situación completamente inédita y disruptiva como lo fue el advenimiento de la pandemia (contexto social). El proyecto se da dentro de los requerimientos para cumplir con los objetivos de aprendizaje de la materia de Métodos y técnicas cualitativas de investigación, con estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en relaciones internacionales. Sus autoras nos ofrecen una mirada a los problemas, anhelos y vivencias experimentados por distintos estudiantes del ITESO en un momento donde todo lo conocido, al menos desde el punto de vista universitario, estaba siendo volteado por completo. De ahí su gran aporte y pertinencia para entender lo que nos pasó y visualizar de mejor forma los retos que nos esperan en un futuro que ya llegó.

En la primera parte de este texto se concluyó que tenemos un ente —el Comité de Participación Ciudadana, CPC— con una doble responsabilidad en materia de anticorrupción: institucional y social. Por las características de sus funciones debe ejercer la política para llegar a acuerdos y, además, es de origen ciudadano. Bajo este contexto, ¿por qué la apuesta por la ciudadanización del CPC puede ser una fuerza y a la par convertirse en su principal vulnerabilidad?

La creación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una apuesta por ciudadanizar la toma de decisiones en el marco de la gobernanza anticorrupción en México. Ahí radica su fuerza, pero también su principal vulnerabilidad. Si no se entiende la apuesta que se está haciendo, se corre el riesgo de que su función al interior del SNA se desnaturalice y se convierta en algo distinto a lo que es: un órgano ciudadano con responsabilidades públicas de tipo institucional y social. Abordemos de inicio el significado y alcance de la gobernanza para tratar de entender después la importancia y el papel que el CPC, como entidad ciudadana, desempeña en el marco de la lucha contra la corrupción.