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Prado y Rocha utilizan para Jalisco los resultados del estudio “Visión de futuro de los jaliscienses”, de LAMARCALAB (2017), en el cual exponen que 4 de cada 10 personas no creen en la democracia. Casi 5 de cada 10 jaliscienses no se identifican con ningún partido político. De la ciudadanía que había manifestado cambios en sus ideales políticos, casi 4 de cada 10 declararon que dejaron de creer en los partidos. También utilizan la “Encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida en el área metropolitana de Guadalajara” (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). En los años reportados, la mayor aprobación del gobernador fue en 2013 con 49%, y la mayor desaprobación fue en 2015 con 61%. Entre otros ítems descritos cabe señalar los datos retomados de la encuesta Polimetrix (2018), en la cual casi 6 de cada 10 están a favor de la vida; 4 de cada 10 desaprueban el matrimonio igualitario; y 7 de cada 10 están a favor del matrimonio entre sacerdotes.

Sarah Patricia Cerna Villagra, Ruth Elizabeth Prado Pérez y Cecilia Sarabia Ríos

Las elecciones de 2015 marcaron un hito histórico en la vida política mexicana, tras la aplicación de la Reforma Constitucional que incorporó el principio de la paridad de género en las candidaturas al poder legislativo en los ámbitos federal y estatal. Este artículo analiza la distribución del poder entre hombres y mujeres en los Congresos Locales de Chihuahua, Jalisco y San Luis Potosí tras las elecciones de 2015, identificando las semejanzas y diferencias en la composición de los Congresos, la asignación de presidencias de Comisiones y de mesas directivas en los poderes legislativos según el género de las y los legisladores.  La metodología de la investigación es cualitativa comparada porque aborda el análisis de tres legislaturas estatales de las entidades de Chihuahua, Jalisco y San Luis Potosí.  La Reforma Político-Electoral de paridad ha significado un punto de inflexión en cuanto al aumento de la representación descriptiva de las mujeres en los Congresos Locales en México, pero aún hay desafíos importantes respecto a la distribución del poder entre los géneros en los poderes legislativos locales, principalmente, en las mesas directivas y las presidencias de comisiones.

En la primera parte de este texto se concluyó que tenemos un ente —el Comité de Participación Ciudadana, CPC— con una doble responsabilidad en materia de anticorrupción: institucional y social. Por las características de sus funciones debe ejercer la política para llegar a acuerdos y, además, es de origen ciudadano. Bajo este contexto, ¿por qué la apuesta por la ciudadanización del CPC puede ser una fuerza y a la par convertirse en su principal vulnerabilidad?

La creación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una apuesta por ciudadanizar la toma de decisiones en el marco de la gobernanza anticorrupción en México. Ahí radica su fuerza, pero también su principal vulnerabilidad. Si no se entiende la apuesta que se está haciendo, se corre el riesgo de que su función al interior del SNA se desnaturalice y se convierta en algo distinto a lo que es: un órgano ciudadano con responsabilidades públicas de tipo institucional y social. Abordemos de inicio el significado y alcance de la gobernanza para tratar de entender después la importancia y el papel que el CPC, como entidad ciudadana, desempeña en el marco de la lucha contra la corrupción.

Mexico’s Human Rights Crisis offers a broad survey of the current human rights issues that plague Mexico. Essays focus on the human rights consequences that flow directly from the ongoing «war on drugs» in the country, including violence aimed specifically at women, and the impunity that characterizes the government’s activities. Contributors address the violation of the human rights of migrants, in both Mexico and the United States, and cover the domestic and transnational elements and processes that shape the current human rights crisis, from the state of Mexico’s democracy to the influence of rulings by the Inter-American Court of Human Rights on the decisions of Mexico’s National Supreme Court of Justice. Given the scope, the contemporaneity, and the gravity of Mexico’s human rights crisis, the recommendations made in the book by the editors and contributors to curb the violence could not be more urgent.

An anti-corruption wave is sweeping Latin America. Last week, former Panamanian president Ricardo Martinelli stopped fighting extradition from the United States back to Panama, where he faces several criminal charges, including corruption. But that’s just the most recent example.

This anti-corruption wave is new in the region. It comes after more than a decade and a half — 2000-2016 — in which Latin American corruption was widespread and steady. My research finds that the reason is clear: Executives weren’t being checked by the legislative and judicial branches. In the past months, those branches have stepped up and begun to do their jobs, after citizens commenced to demand accountability in face of major corruption scandals. That could change the region.

En 2014, la llegada a Estados Unidos de decenas de miles de menores no acompañados (en adelante, MeNAS) desde de El Salvador, Honduras y Guatemala reveló una crisis humanitaria de grandes proporciones resultado de la violencia de los cárteles de las drogas, las pandillas, y en la que también participan agentes del Estado. Este artículo analiza el flujo de menores no acompañados centroamericanos como una crisis humanitaria prolongada y silenciosa que los países involucrados parecen no reconocer. Ante la sólida evidencia que apunta a la violencia como factor clave del desplazamiento forzado de miles de MeNAS, se examina como han respondido México y Estados Unidos.

Por mucho tiempo se creyó que la pobreza era la principal causa de la migración procedente de los países que conforman el Triángulo Norte Centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), pero desde hace algunos años, la evidencia apunta consistentemente a la creciente violencia en la región como la causa primaria de la migración en general, y de la migración de menores en particular. La violencia perpetrada por las pandillas y los grupos organizados en torno al tráfico de drogas, así como la violencia que se produce desde el Estado, ha producido altas tasas de homicidio, reclutamiento forzado, intimidación, desapariciones y desplazamientos que ha ubicado a la región en algunos periodos como la más violenta del mundo. En este contexto, para muchos menores migrar es la única forma de salvar la vida, aunque la travesía también imponga enormes riesgos. Este artículo identifica las violencias que acompañan a los menores procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala que se ven forzados a abandonar sus países, desde la violencia criminal que origina su desplazamiento y está presente en su trayecto, hasta la violencia institucional que enfrentan al ser detenidos por las autoridades migratorias mexicanas. Se usa el método documental a través de la revisión de encuestas aplicadas a menores para identificar el vínculo entre violencia y migración forzada (Kennedy 2014; Jones and Podkul 2012; ACNUR  2014; Human Rights Watch 2016); y se revisan también reportes e indicadores que dan cuenta de la violencia en la región, en particular el índice de homicidios violentos (OMS 2002). Se concluye que en los países del TNCA existe un entramado de violencias perpetrada por diferentes actores, producida y reproducida por otros más, que ha generado la migración forzada de miles de menores que requieren de protección internacional y serían elegibles para el reconocimiento del estatus de refugiado, lo que por diversas razones, México y Estados Unidos como países receptores, parecen ser renuentes a otorgar.