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Durante octubre las manifestaciones populares en Chile dominaron la agenda política internacional. Con un desborde de imágenes y videos, las redes sociales nos mostraron las escenas aterradoras del regreso de la represión militar a las calles del país sudamericano. Plantones, huelgas, incendios en mobiliario público y privado, descubrieron también una sociedad desesperada por provocar un cambio en la situación política y económica del país y en ello revivieron los símbolos de la dictadura: las melodías de resistencia de Víctor Jara, el recuerdo de Allende, las tanquetas de agua para dispersar a la muchedumbre, la alusión al estado de guerra. Pareciera que en ese país las cosas no han cambiado mucho desde los setenta.

El capítulo expone la situación de la mediación familiar en Jalisco en el marco de la política de la que emana. No existe una política especializada en mediación familiar; sin embargo, el nuevo sistema de justicia y las propuestas de justicia cotidiana han acercado a la ciudadanía a los métodos alternos de resolución de conflictos para acceder a la justicia a través de la cultura de paz. La mediación familiar en Jalisco presenta grandes retos que van desde las dinámicas institucionales establecidas en el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, como prácticas socioculturales que delimitan la imparcialidad e igualdad en la realización de mediaciones familiares. La aplicación de un ranking de expertos en torno a la asignación del servicio de mediación familiar y la realización de entrevistas semiestructuradas muestran los retos de la mediación familiar para su consolidación y eficacia en ámbitos judiciales, políticos y culturales.

Giovana Patricia Ríos Godínez y Paola Jacqueline Anaya Cobos

La utilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el marco municipal ha sido una práctica que está directamente relacionada con el principio del reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos y la cultura de paz. Este artículo es producto de una investigación sobre las acciones que Tlajomulco ha emprendido a través de la incorporación del enfoque de derechos humanos y cultura de paz como eje transversal para el diseño de toda política pública y estrategia de gobierno que realice entre el periodo 2018 – 2021.El análisis se enfoca en las formas de actuar del municipio en ejecución de estrategias con perspectiva de derechos humanos para el cumplimiento de la Agenda 2030. La centralidad de estos ejes como temática de análisis abre el campo de entender a los derechos humanos desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito municipal.

En México en el ámbito legislativo, tras la reforma política en 2014 a la ley electoral de paridad, hombres y mujeres quedaron como iguales en el papel. Un año después, en las elecciones federales, se registró el mayor número de mujeres de la historia presentes en la Cámara de Diputados y Senado de la República, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informaba que 213 de los 500 diputados fueron mujeres, así como, 42 de los 128 senadores. 

Sin duda, la reforma estableció un precedente en el escenario legislativo de México para la inclusión de las mujeres a los puestos de toma de decisiones. Sin embargo, ¿realmente la paridad numérica nos ha llevado a una igualdad?

Precisamente esa fue la pregunta detonante que llevó a los investigadores Elizabeth Prado Pérez y Jorge Rocha Quintero, ambos miembros del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, a realizar un estudio comparativo dentro del Congreso de Jalisco. El propósito de la investigación fue contrastar el crecimiento en el número diputadas en la LXI Legislatura (2015-2018) con las condiciones imperantes en torno a la igualdad sustantiva.

Entre los primeros datos cuantitativos encontrados fue cómo el Congreso local pasó de tener ocho diputadas (de un total de 39), durante la Legislatura previa a la reforma (2012-2015), a 18 en la Legislatura siguiente (2015-2018). Es decir, las mujeres lograron ocupar el 46 por ciento de curules frente al 54 por ciento de hombres, llegando a representar casi una paridad numérica nunca antes vista.

Prado y Rocha utilizan para Jalisco los resultados del estudio “Visión de futuro de los jaliscienses”, de LAMARCALAB (2017), en el cual exponen que 4 de cada 10 personas no creen en la democracia. Casi 5 de cada 10 jaliscienses no se identifican con ningún partido político. De la ciudadanía que había manifestado cambios en sus ideales políticos, casi 4 de cada 10 declararon que dejaron de creer en los partidos. También utilizan la “Encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida en el área metropolitana de Guadalajara” (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). En los años reportados, la mayor aprobación del gobernador fue en 2013 con 49%, y la mayor desaprobación fue en 2015 con 61%. Entre otros ítems descritos cabe señalar los datos retomados de la encuesta Polimetrix (2018), en la cual casi 6 de cada 10 están a favor de la vida; 4 de cada 10 desaprueban el matrimonio igualitario; y 7 de cada 10 están a favor del matrimonio entre sacerdotes.

Sarah Patricia Cerna Villagra, Ruth Elizabeth Prado Pérez y Cecilia Sarabia Ríos

Las elecciones de 2015 marcaron un hito histórico en la vida política mexicana, tras la aplicación de la Reforma Constitucional que incorporó el principio de la paridad de género en las candidaturas al poder legislativo en los ámbitos federal y estatal. Este artículo analiza la distribución del poder entre hombres y mujeres en los Congresos Locales de Chihuahua, Jalisco y San Luis Potosí tras las elecciones de 2015, identificando las semejanzas y diferencias en la composición de los Congresos, la asignación de presidencias de Comisiones y de mesas directivas en los poderes legislativos según el género de las y los legisladores.  La metodología de la investigación es cualitativa comparada porque aborda el análisis de tres legislaturas estatales de las entidades de Chihuahua, Jalisco y San Luis Potosí.  La Reforma Político-Electoral de paridad ha significado un punto de inflexión en cuanto al aumento de la representación descriptiva de las mujeres en los Congresos Locales en México, pero aún hay desafíos importantes respecto a la distribución del poder entre los géneros en los poderes legislativos locales, principalmente, en las mesas directivas y las presidencias de comisiones.

En la primera parte de este texto se concluyó que tenemos un ente —el Comité de Participación Ciudadana, CPC— con una doble responsabilidad en materia de anticorrupción: institucional y social. Por las características de sus funciones debe ejercer la política para llegar a acuerdos y, además, es de origen ciudadano. Bajo este contexto, ¿por qué la apuesta por la ciudadanización del CPC puede ser una fuerza y a la par convertirse en su principal vulnerabilidad?

La creación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una apuesta por ciudadanizar la toma de decisiones en el marco de la gobernanza anticorrupción en México. Ahí radica su fuerza, pero también su principal vulnerabilidad. Si no se entiende la apuesta que se está haciendo, se corre el riesgo de que su función al interior del SNA se desnaturalice y se convierta en algo distinto a lo que es: un órgano ciudadano con responsabilidades públicas de tipo institucional y social. Abordemos de inicio el significado y alcance de la gobernanza para tratar de entender después la importancia y el papel que el CPC, como entidad ciudadana, desempeña en el marco de la lucha contra la corrupción.

Mexico’s Human Rights Crisis offers a broad survey of the current human rights issues that plague Mexico. Essays focus on the human rights consequences that flow directly from the ongoing «war on drugs» in the country, including violence aimed specifically at women, and the impunity that characterizes the government’s activities. Contributors address the violation of the human rights of migrants, in both Mexico and the United States, and cover the domestic and transnational elements and processes that shape the current human rights crisis, from the state of Mexico’s democracy to the influence of rulings by the Inter-American Court of Human Rights on the decisions of Mexico’s National Supreme Court of Justice. Given the scope, the contemporaneity, and the gravity of Mexico’s human rights crisis, the recommendations made in the book by the editors and contributors to curb the violence could not be more urgent.

An anti-corruption wave is sweeping Latin America. Last week, former Panamanian president Ricardo Martinelli stopped fighting extradition from the United States back to Panama, where he faces several criminal charges, including corruption. But that’s just the most recent example.

This anti-corruption wave is new in the region. It comes after more than a decade and a half — 2000-2016 — in which Latin American corruption was widespread and steady. My research finds that the reason is clear: Executives weren’t being checked by the legislative and judicial branches. In the past months, those branches have stepped up and begun to do their jobs, after citizens commenced to demand accountability in face of major corruption scandals. That could change the region.