Capítulos de libro

In third-wave democracies such as Brazil, Chile and Mexico, changing the rules of the game by which the Public Prosecutor’s Office (PPO) operates has been crucial in order to foster the rule of law and implement democratic procedures. Under authoritarian governments, the office of the prosecutor was used by the executive to punish enemies, while due process was a privilege reserved for the regime’s supporters. Democracies, however, require prosecution services that provide equal access to justice for all citizens and avoid the use of the justice system for political purposes. Without introducing reforms to the PPO, other institutional changes such as those aimed at courts during the first stage of democratization will not work as reformers expect because tribunals do not work alone. This chapter seeks to understand what an apolitical PPO looks like and how PPO reforms take place. This contribution broadens judicial politics studies by analyzing an important, yet under-studied, legal institution. I focus on constitutional reforms to the PPO and the actors who made those reforms possible.

El capítulo expone la situación de la mediación familiar en Jalisco en el marco de la política de la que emana. No existe una política especializada en mediación familiar; sin embargo, el nuevo sistema de justicia y las propuestas de justicia cotidiana han acercado a la ciudadanía a los métodos alternos de resolución de conflictos para acceder a la justicia a través de la cultura de paz. La mediación familiar en Jalisco presenta grandes retos que van desde las dinámicas institucionales establecidas en el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, como prácticas socioculturales que delimitan la imparcialidad e igualdad en la realización de mediaciones familiares. La aplicación de un ranking de expertos en torno a la asignación del servicio de mediación familiar y la realización de entrevistas semiestructuradas muestran los retos de la mediación familiar para su consolidación y eficacia en ámbitos judiciales, políticos y culturales.

En México en el ámbito legislativo, tras la reforma política en 2014 a la ley electoral de paridad, hombres y mujeres quedaron como iguales en el papel. Un año después, en las elecciones federales, se registró el mayor número de mujeres de la historia presentes en la Cámara de Diputados y Senado de la República, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informaba que 213 de los 500 diputados fueron mujeres, así como, 42 de los 128 senadores. 

Sin duda, la reforma estableció un precedente en el escenario legislativo de México para la inclusión de las mujeres a los puestos de toma de decisiones. Sin embargo, ¿realmente la paridad numérica nos ha llevado a una igualdad?

Precisamente esa fue la pregunta detonante que llevó a los investigadores Elizabeth Prado Pérez y Jorge Rocha Quintero, ambos miembros del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, a realizar un estudio comparativo dentro del Congreso de Jalisco. El propósito de la investigación fue contrastar el crecimiento en el número diputadas en la LXI Legislatura (2015-2018) con las condiciones imperantes en torno a la igualdad sustantiva.

Entre los primeros datos cuantitativos encontrados fue cómo el Congreso local pasó de tener ocho diputadas (de un total de 39), durante la Legislatura previa a la reforma (2012-2015), a 18 en la Legislatura siguiente (2015-2018). Es decir, las mujeres lograron ocupar el 46 por ciento de curules frente al 54 por ciento de hombres, llegando a representar casi una paridad numérica nunca antes vista.

Prado y Rocha utilizan para Jalisco los resultados del estudio “Visión de futuro de los jaliscienses”, de LAMARCALAB (2017), en el cual exponen que 4 de cada 10 personas no creen en la democracia. Casi 5 de cada 10 jaliscienses no se identifican con ningún partido político. De la ciudadanía que había manifestado cambios en sus ideales políticos, casi 4 de cada 10 declararon que dejaron de creer en los partidos. También utilizan la “Encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida en el área metropolitana de Guadalajara” (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). En los años reportados, la mayor aprobación del gobernador fue en 2013 con 49%, y la mayor desaprobación fue en 2015 con 61%. Entre otros ítems descritos cabe señalar los datos retomados de la encuesta Polimetrix (2018), en la cual casi 6 de cada 10 están a favor de la vida; 4 de cada 10 desaprueban el matrimonio igualitario; y 7 de cada 10 están a favor del matrimonio entre sacerdotes.