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Durante toda a segunda metade do século XX, a política externa de direitos humanos do México foi dominada pelo princípio da soberania e não-intervenção. Neste marco, as críticas vindas de fora não eram facilitadas nem bem recebidas pelo governo mexicano, sempre controlado pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI).

O cenário só começou a mudar nos últimos anos do governo do presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). Mas a ruptura ocorreu, efetivamente, com a chegada à presidência de Vicente Fox, primeiro presidente de oposição em 70 anos, em 2000. A partir de então, o México se abriu por completo ao escrutínio crítico internacional na área de direitos humanos.

Alejandro Anaya Muñoz, Fernanda Elías Loyola y Paula Martínez Valencia

Este trabajo explora la medida en que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) puede constituir una fuente de información alternativa a las bases de datos elaboradas con base en registros administrativos, para cuantificar la desaparición de personas en el país. Esta valoración se hace con base en una revisión de la metodología de la Encuesta, la comparación de sus datos con los del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la exploración de la representatividad de los datos de la ENVIPE al nivel estatal de agregación. El trabajo concluye con una reflexión puntual sobre la representatividad de los datos de la ENVIPE, sus áreas de oportunidad y la pertinencia de utilizarla para observar el desarrollo del fenómeno de la desaparición de personas en México.

This work document explores the extent in which the National Survey on Victimization and Perception of Public Safety (ENVIPE, for its Spanish acronym) can become an alternative source of information for databases created under administrative registry, in order to quantify the missing people in Mexico. This assessment is made through the methodological revision of the Survey, its comparison with the Nation Registry of Missing and Non-Localized People (RNPDNO, for its acronym in Spanish) and an analysis of representativeness of ENVIPE’s information at state-level aggregate. The author concludes with a prompt reflection towards the representative accuracy of the EVIPE data, areas it be improved and the relevance these have in understanding the progression of the missing people phenomenon in Mexico.

A strand of political economy literature expects democratic governments to be more effective than their authoritarian peers in the management of catastrophic situations (famines, pandemics). The ongoing COVID 19 pandemic offers an interesting setting to test this expectation, in particular to explore whether democracies are more preventive and therefore massify SARS-CoV-2 testing. Analyzing data from 85 countries, the more democratic a country is, not necessarily the more tests it runs. The relationship is rather curvilinear, best described by a U, with low and high levels of democracy associated with the massification of testing, and medium levels associated with low testing. Besides testing democracies and non-testing authoritarianisms, there are testing authoritarianisms —basically rentier states— and non-testing democracies; anocracies tend to be non-testing. The variance in testing seems to be also partially explained by GDP per capita and government effectiveness, but surprisingly unrelated to the length of the pandemic in a country.

Una rama dentro del estudio de la economía política asegura que los gobiernos democráticos son más efectivos que sus contrapartes autoritarias en el manejo en situaciones catastróficas (hambrunas, pandemias). La situación actual de la crisis sanitaria de COVID 19 provee un interesante escenario para poner a prueba esta expectativa, en particular para explorar si las democracias son más preventivas y por lo tanto hacen pruebas de SARS-CoV-2 con más frecuencia. Analizando los datos de 85 países, mientras más democrático sea el país, no necesariamente significa más pruebas realizadas. La relación es más bien curvilínea, mejor representado por una U, con bajos y altos niveles de democracia asociados a la realización de pruebas en masa, y niveles medios asociados con pocas pruebas. Aparte de democracias que hacen pruebas y gobiernos autoritarios que no las hacen, hay gobiernos autoritarios que realizan pruebas —básicamente estados rentistas— y democracias que no hacen pruebas; las anocracias no suelen hacer pruebas. Las variantes entre frecuencia de pruebas también parecen ser parcialmente explicadas por el PIB per cápita y la efectividad gubernamental, pero sorprendentemente no están relacionadas con la duración de la pandemia en un país.

El brutal asesinato de George Floyd por un oficial de la policía de la ciudad de Minneapolis, Minnesota, el pasado 25 de mayo, ha consternado y sacudido a la sociedad de los Estados Unidos, y más allá. Este nuevo caso de ejecución extrajudicial de una persona afroestadounidense por parte de un policía blanco ha señalado, una vez más, el carácter sistémico del problema de la brutalidad policial en contra de personas pertenecientes a minorías y ha generado una nueva ola de intensas protestas en un gran número de ciudades en los Estados Unidos. ¿Cómo entender este caso y en general la brutalidad policial y la movilización social resultante en los Estados Unidos y qué “nos dice” o qué tipo de reflexiones nos provoca, como comunidad ITESO, con respecto a nuestra propia realidad local y nacional?

Judges’ ideas, beliefs, and values are central to adjudication. Empowering the courts was a crucial step in third‐wave democracies and, after some unfulfilled promises regarding the potential of the judicialization of politics for rights expansion, we need to learn more about the individuals that were empowered and what their legal culture can tell us about judicial behavior. Do judges consider themselves political actors having a legislative role? What type of legal culture do they have? To advance our understanding of these key determinants of judicial behavior, I use a survey with federal judges in Mexico to explore to what extent judges adhere to a positivist or a principle‐based constitutionalist legal culture. Findings suggest that there is a tension in the judiciary, with some judges embracing the idea of legislating from the bench while others prefer to play the role of being “the mouthpiece of the law.”

Las creencias, ideas y valores de los jueces son centrales para la adjudicación. Empoderar a las cortes fue un paso crucial en la tercera ola de las democracias y, tras promesas incumplidas con respecto al potencial de la judicialización de las políticas para la expansión de recursos, se existe una necesidad de aprender más acerca de las y los individuos en poder y qué nos puede decir su cultura legal sobre comportamiento judicial. ¿Los jueces se consideran actores políticos con un rol legislativo? ¿Qué tipo de cultura legal tienen? Para avanzar el entendimiento sobre estos factores crucial del comportamiento judicial, la autora usó una encuesta con jueces federales en México y así explorar hasta qué punto los jueces se adhieren a un cultural legal positivista o constitucionalista basada en principios. Los hallazgos sugieren que existe una tensión en el sistema judicial, con algunos jueces adoptando ideas legislativas desde las bancas mientras que otros prefieren tomar el rol de “voceros de la ley”. 

La calidad e integridad de las elecciones y la democracia en México está estrechamente relacionada con el desempeño de sus cortes electorales. En este libro se analiza el rol que han jugado los organismos y tribunales electorales locales y federales en la calidad e integridad de las elecciones en México. Se toma para ello la disputa ciudadana por el registro de partidos políticos locales a partir del estudio del expediente SG-JDC-185/2017 y su acumulado. En este expediente se observa la interacción entre ciudadanos y autoridades electorales, evidenciándose con claridad el rol que juega cada uno en sostener uno de los fundamentos de la integridad electoral y la democracia: el derecho a formar un partido político.

La poca capacidad institucional y las inadecuadas estrategias para lidiar con pandillas y violencia criminal han causado que más de medio millón de personas sean desplazadas. Los gobiernos necesitan incrementar la calidad de sus sistemas políticos para poder restaurar la ley y el orden, contener la migración forzada y permitir el regreso de quienes hayan  huido. Se estima que más de medio millón de personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala han sido forzosamente desplazadas gracias a la violencia relacionada con las pandillas y organizaciones criminales. Sin embargo, los gobiernos han sido reacios en reconocer la seriedad de la situación y las organizaciones internacionales han hecho poco para hablar sobre los prolongados efectos de la violencia, a diferencia de las veces que tratan países destruidos por guerras. Una solución a largo plazo para el desplazamiento forzado requeriría que los gobiernos centroamericanos fortalecieran sus capacidades institucionales y diseñaran estrategias para abordar de manera adecuada las fuentes de la violencia desde una perspectiva que tenga al centro los derechos humanos y los valores democráticos. Esto es una condición necesaria para restaurar la ley y el orden y, respectivamente, proveer seguridad para el regreso de quienes fueron desplazados.

Texto en inglés

Ruth Elizabeth Prado Pérez

El presente trabajo aborda el entramado de violencias que hacen del Triángulo Norte centroamericano (integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras) una de las regiones más violentas del mundo. La premisa de la que parte es que el clima violento constituye un fenómeno social que se produce y reproduce a través de las prácticas sociales y se centra en aquellas violencias asociadas a las maras, tanto en su papel de perpetradoras como de víctimas, en un contexto en el que el Estado también constituye una fuente de violencia criminal. El objetivo es aportar los elementos necesarios para reflexionar sobre las condiciones que han contribuido a normalizar este fenómeno y que parecen perpetuarlo en la región.

Este artículo se relaciona con la literatura acerca de las relaciones internacionales, la cual explora las condiciones domésticas que ayudan a que los gobiernos sean más propensos a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La literatura emergente ha enfatizado el rol de las “capacidades del estado” como factor clave en explicar la brecha entre compromiso y cumplimiento, tomando la voluntad de los estados por sentado y por lo tanto no explorarlo empíricamente de una forma explícita. Usando a México como un estudio de caso “crucial”, el argumento principal de este artículo es que mientras es cierto que los intentos en explicar el carente cumplimiento deben tomar en consideración las “capacidades”, estas también deben incluir la “voluntad” como un factor explicativo central. Más allá de explorar el caso de México, este artículo contribuye al desarrollo de teorías de cumplimiento con normas internacionales de derechos humanos y la conceptualización y operacionalización de las nociones de capacidad estatal y voluntad estatal.

Texto en inglés

En 1986, Billy Joel sacó a la venta un disco que contenía la canción A matter of trust (Es cuestión de confianza), que se dirigía a una mujer que había padecido una relación afectiva en la que sufrió mucho abuso de parte de su pareja, por lo que era comprensible que ya no quisiera involucrarse en otra relación, a lo que el cantante le pedía que confiara en lo que le ofrecía, que se diera cuenta de que la relación con él era distinta, y que la relación podría perdurar, porque entre ellos el vínculo se basaba en la confianza. 

Como el mismo Joel lo plantea, volver a confiar después de sufrir abusos no es una cuestión sencilla; es necesario que se vaya sumando una serie de situaciones en las que se va viendo la posibilidad de que la relación se desarrolle de una manera diferente y más satisfactoria. Esto que es cierto en el ámbito afectivo también lo es en el ámbito público.