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Este trabajo tiene por objeto discutir la pertinencia de la oposición entre teoría y práctica en la enseñanza del Derecho. Para llevar a cabo lo anterior, la autora explora la posibilidad de que tal oposición esté siendo utilizada como un mecanismo falaz que lleva a enfrentar cuestiones que, en realidad, están interrelacionadas. Esta exploración se desarrolla distinguiendo diversos sentidos de teoría y de práctica, concluyendo que es necesario reconstruir estas nociones de una manera más adecuada, atendiendo a las actividades que realizan –y/o deberían realizar–los juristas y que, por tanto, tendrían que estar presentes en la educación de los futuros profesionales del Derecho.

In third-wave democracies such as Brazil, Chile and Mexico, changing the rules of the game by which the Public Prosecutor’s Office (PPO) operates has been crucial in order to foster the rule of law and implement democratic procedures. Under authoritarian governments, the office of the prosecutor was used by the executive to punish enemies, while due process was a privilege reserved for the regime’s supporters. Democracies, however, require prosecution services that provide equal access to justice for all citizens and avoid the use of the justice system for political purposes. Without introducing reforms to the PPO, other institutional changes such as those aimed at courts during the first stage of democratization will not work as reformers expect because tribunals do not work alone. This chapter seeks to understand what an apolitical PPO looks like and how PPO reforms take place. This contribution broadens judicial politics studies by analyzing an important, yet under-studied, legal institution. I focus on constitutional reforms to the PPO and the actors who made those reforms possible.

La pandemia del Corona-virus (COVID-19) transformó de manera radical nuestra forma de vida en comunidad. Se está modificando el sistema de libertades tal y como lo conocíamos. Esta crisis ha dejado entrever un conjunto de situaciones que tienen efectos importantes en el mundo político: liderazgos mediocres y exitosos en la gestión de la pandemia; expansión del poder ejecutivo; ventajas y desafíos del federalismo; modificación de las reglas del juego democrático en algunos países, distanciamiento (aún más) de los jueces y los legisladores de los ciudadanos. Del mismo modo, los procesos electorales – allí donde se han realizado– trajeron una incertidumbre adicional, el contagio. Los partidos políticos, otrora canales de mediación de demandas y necesidades sociales, quedaron rebasados y sepultados por la crisis. Finalmente, el estudio, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, orientadas a la salud pública y la igualdad género, nuevamente aparecieron como áreas esenciales del análisis político. La Asociación Mexicana de Ciencias Políticas organizó el seminario “Instituciones, políticas y actores frente a la pandemia del COVID19” en los que discutieron los temas señalados. El objetivo del seminario fue reflexionar en torno a las consecuencias políticas, sociales y públicas de la pandemia del COVID19 desde la ciencia política.

Modera: Dra. Azul A. Aguiar-Aguilar (ITESO/GIGA Institute)

En este libro el lector encontrará una discusión sobre el gobierno de los jueces. Desde la política judicial, la subdisciplina de la ciencia política que estudia la relación entre jueces y política, se da cuenta de la importancia del poder judicial en las democracias actuales: cómo y por qué los jueces han emergido como un contrapeso efectivo, qué condiciones les permiten proteger derechos, cómo se reforma y gobierna el poder judicial, qué explica el activismo judicial pro-derechos y cuáles son sus implicaciones políticas y sociales. Gobierno y política judicial en México propone una tarea impostergable en nuestros días: entender el papel central que juega el poder
judicial para configurar las reglas mínimas -pero también sustantivas- de la democracia.

Diálogo entorno a los desafíos que enfrenta la democracia en México en el #DíaInternacionalDeLaDemocracia. Realizado el 15 de septiembre de 2020 durante el Webinar “Deudas sociales y desafíos de la democracia”.

Participación de: Dra. Azul A. Aguiar-Aguilar (ITESO/GIGA Institute)

En un país que aspira a consolidar su democracia, la consulta popular debiera ser un recurso excepcional. Es importante no desgastar dicha figura, sobre todo si a través de los mecanismos ordinarios se pueden resolver los problemas que se pretenden abordar consultando a los ciudadanos. 

Para qué recabar firmas si el presidente López Obrador ha dicho que él va a solicitar de manera directa el juicio a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

Tampoco haría falta una consulta ciudadana si en el país privara realmente el estado de derecho: la ley se cumple y a quien la viola, se le sanciona, trátese de un ciudadano común, de altos funcionarios o ex presidentes. 

Es un lugar común afirmar que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero no siempre ocurre así. A veces, el golpe y la humillación que experimenta quien se tropezó son tan fuertes que, definitivamente, aprende a evitar la piedra. 

Ahora bien, como me comentó una curandera maya, las piedras con las que nos tropezamos no están ahí por casualidad, sino que nos salen al encuentro para que aprendamos algo. Sin embargo, lo que aprendemos depende de nuestro corazón. Podemos aprender a caminar poniendo atención al lugar donde ponemos los pies, modificando el rumbo cuando sea necesario para no dañar ni dañarnos, o podemos dedicarnos a quitar todas las piedras que encontremos para no tener que desviarnos de la ruta que trazamos, aunque causemos daño o nos dañemos en el proceso. 

La pandemia de Coronavirus-Sars-19 está teniendo efectos devastadores sobre las sociedades y las economías de América Latina. La crisis general y sistémica inducida por la pandemia complejiza un escenario de por sí gravísimo, caracterizado por el retroceso generalizado de la precaria democracia electoral en la región y el aumento sostenido de la pobreza y la desigualdad desde 2016. Videoconferencia celebrada el 26 de agosto de 2020, en el marco de inicio de cursos de otoño 2020, organizada por las Maestrías en Derechos Humanos y Paz, Política y Gestión Pública, Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica y la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.

Participan: Dr. Alberto Olvera Rivero, académico de la Universidad Veracruzana (ponente); Mtra. Delia Silva Uribe, profesora del ITESO (moderadora); Dr. Carlos Armando Peralta Varela

México está sumido en una ola de violencia armada sin precedentes en su historia reciente. Existe un amplio consenso de que es resultado de la guerra contra las drogas y la militarización extrema de la seguridad pública en el país, que arrancó en 2006, en el sexenio del presidente Felipe Calderón. El masivo número de asesinatos, desapariciones, actos de tortura y desplazamiento forzado, producto de este fenómeno, ha llevado a distintos analistas a preguntarse si la situación que se vive en el territorio nacional es propiamente hablando un conflicto armado interno. En este reporte se ofrece un análisis técnico-jurídico sobre la clasificación de la violencia armada en México, para responder a esta interrogante. Con base en una estricta aplicación del derecho internacional humanitario, así como con la evidencia empírica disponible, la conclusión es que, en efecto, en México hay una guerra interna en el sentido jurídico del término. Además del valor académico que tiene este estudio, su resultado abona al esfuerzo para el diseño de políticas públicas adecuadas para enfrentar esta situación y proteger a la población civil, así como sus bienes, y minimizar el sufrimiento de las personas que no participan en las hostilidades. A la par de brindar elementos para que se finquen las responsabilidades correspondientes a los actores estatales o no estatales involucrados en el conflicto.

¿Cómo y por qué ocurren reformas anticorrupción en países con corrupción sistémica? El presente artículo se basa en evidencia histórica del caso mexicano para desarrollar un modelo de reforma anticorrupción. Las tres reformas bajo análisis —1982, 1995 y 2000— ocurrieron como interrupciones episódicas después de largos periodos de estabilidad en el subsistema anticorrupción. Las reformas fueron consecuencia de choques exógenos y endógenos que indujeron a la élite política a aprobar medidas de cambio institucional. El artículo también subraya la efectividad que pueden llegar a tener las instituciones y políticas públicas anticorrupción, un aspecto poco estudiado en la literatura al respecto —caracterizada por una inclinación estructural, es decir, por prestar excesiva atención a las estructuras económicas, político-económicas y democráticas que contribuyen al control de la corrupción.