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Ante la crisis que está enfrentando la democracia en todo el planeta, desde hace poco más de una década se apostó por la búsqueda de mecanismos que le dieran a la ciudadanía una mayor participación en la construcción de soluciones a los problemas que enfrenta de manera cotidiana. Así fue como nació la noción de gobierno abierto, que rápidamente se extendió por todo el mundo, al mismo tiempo que evolucionaba conceptualmente, integrando cada vez más aspectos de la realidad institucional política, con lo que se llegó al concepto de Estado abierto.

México fue uno de los primeros países que se sumaron a esta corriente de innovación, así como a sus derivaciones. Y dentro de México, el estado de Jalisco fue también una de las primeras instancias subnacionales, tanto de nuestro país como del resto del mundo, en incorporarse activamente.

Debido a ese impulso, Jalisco modificó su Constitución, con el fin de incorporar los conceptos de gobierno abierto, justicia abierta y parlamento abierto, por lo que ahora constituyen mecanismos normativos de aplicación obligatoria.

Sin embargo, en México suele ocurrir que los cambios normativos no se traducen a su vez en cambios en el comportamiento de las instituciones, por lo que el presente capítulo pretende presentar una síntesis de la discusión en torno a las implicaciones de hacer realidad la noción de parlamento abierto, para confrontarlas con tres casos que se consideraron paradigmáticos en el tema.

Dichos casos tienen la particularidad de que dan cuenta de la intención de ciertas coaliciones ciudadanas por involucrarse democrática y activamente en el ejercicio de dos facultades soberanas del Congreso del Estado de Jalisco: la elaboración de leyes y la designación de funcionarios que no son de elección popular.

El balance general de este ejercicio es que durante la LXII Legislatura del Estado de Jalisco no hubo una apertura real a las demandas de participación efectiva de la ciudadanía, y que en el caso en el que hubo avances, estos se deben a la propia ciudadanía, que obligó al Congreso de Jalisco a abrirse, desde afuera, y no porque desde adentro se abriera espontáneamente la puerta.

Este libro aborda un objeto de estudio complejo y poco abordado por la ciencia jurídica, como es el relativo al «destino de los recursos púbicos», para explorar sus principales problemáticas dogmáticas, generadas -principalmente- por la concepción que permeó en el sistema jurídico mexicano durante todo el siglo XX en torno a los denominados «derechos sociales», y lograr así transitar hacia una nueva visión constitucional por la que, y al amparo de la dignidad humana, es factible proponer un diálogo franco entre la materia fiscal y presupuestal con los derechos humanos a fin de generar mecanismos jurídicos efectivos dirigidos a la satisfacción de las necesidades más básicas de las personas. Por ello, en este texto se analiza cómo es que la reforma constitucional de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, transformó el contenido normativo del principio de vinculación al gasto público al dotarle de una función de reivindicación social, consistente en la satisfacción por vía judicial de las necesidades básicas de aquellas personas o grupos que por su situación de desventaja están impedidos a ejercer plenamente su libertad.

La afirmación de que el Derecho es una práctica de carácter social y de que existe una relación de complementariedad entre el Derecho y el dinamismo y la historicidad de la sociedad es casi una cuestión indiscutible. Sin embargo, una de las recriminaciones más frecuentes hacia el Derecho es su apartamiento de la realidad social y su renuencia a cumplir el papel que se esperaría de él como vehículo hacia una mejor sociedad. En este trabajo se revisa la tesis de Manuel Atienza respecto a que el Derecho es una herramienta para la transformación social y también debe serlo. Lo anterior se lleva a cabo a través del siguiente recorrido argumental: (1) En primer lugar, se plantea que la perspectiva de Atienza del Derecho como una práctica social encaminada a la transformación es resultado de un conocimiento profundo de la teoría y filosofía del Derecho, pero también de la incorporación de los saberes sociales al saber jurídico. (2) En segundo lugar, se sostiene que esta visión corresponde a un punto de vista crítico, pero positivo del Derecho, por medio del cual Atienza reprueba el alejamiento del Derecho de la realidad social, sin caer en una posición normativamente vacía que reduce el Derecho a su carácter fáctico-opresivo. (3) En tercer término, se presenta, como corolario de lo anterior, su propuesta de una idea del Derecho como empresa social encaminada a conseguir una serie de fines valiosos que dotan de contenido a la transformación social.

Oliver D. Meza y Carlos Moreno Jaimes

This article explains how manager’s face noncompliance problems with the use of implementation tactics affecting the relational nature between frontline workers and policy targets. In the argument, the concept of bounded rationality is helpful to explain a set of mechanisms that affect individual’s decision-making, although overlooked in some recent streams in the literature by yielding greater importance to rationalistic models of human behaviour. A case study provides the empirical foundation in the effectiveness of the implementation tactics and its underlying rationale. A mixed method approach was used to fulfill the research objectives. Findings support the idea of a set of tactics that managers use to positively engage between frontline workers and citizen in correct(ing) policy implementation gaps.

Marcos Pablo Moloeznik y Radamanto Portilla-Tinajero

La violencia constituye un fenómeno complejo a la vez que una constante histórica. Esto explica que diversos pensadores y tratadistas hayan intentado definirla, interpretarla y clasificarla. La violencia da al traste con el más sagrado de los derechos humanos, el derecho a la vida. En particular, el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los actos esporádicos y aislados de violencia -otras situaciones de violencia-,el terrorismo y la violencia criminal organizada, son las modalidades de la violencia colectiva responsables de la mayoría de las muertes violentas que cuestionan severamente el pacto social. De ahí la imperiosa necesidad de llevar a cabo una revisión de los paradigmas de la violencia y de los tipos de violencia más perniciosos y que causan mayor daño al tejido social.

Ana María Vázquez-Rodríguez y Margaret Lombe

This study utilizes Social Capital Theory to explore the differential effects of (1) social capital, (2) violence, and (3) political engagement on (a) collective action and (b) willingness to help the community in Mexico, a context of enduring violence. Survey data collected in 2011 is used to understand the identified relationships (N = 7416). A number of statistical procedures including correlation and regression analyses using ordinary least squares (OLS) with nested models are utilized. Results show that mobilizing for collective action is influenced by contextual and political factors. Using contextual measures better explain active social engagement in violence-prone locations. Results also indicate the convenience of including this perspective in social interventions that promote local autonomy. Social capital in its trust form revealed contrasting effects on collective action. Further, fear and violence appear to influence willingness to mobilize. The examination of the relation between levels of trust and law compliance revealed the potential contribution of social disobedience on policy implementation. Implications for social interactions in unstable environments and Mexico in particular are presented. The role of local processes (e.g., leadership, practices and collective memories) are most likely to reinforce positive social capital and create effective social change.

En el capítulo segundo, denominado “El derecho en la dialéctica de communitas e immunitas. El efecto de inhibición del derecho sobre la comunidad”, Luis Eduardo Rivero Borrell Zermeño señala que para comprender mejor el derecho es importante conocer sus posibles efectos perjudiciales y, con esto, ubicar sus límites. Sin embargo, pensar que el derecho pueda tener un efecto inhibitorio o represivo sobre la comunidad presenta ciertas dificultades por la relación que guardan las nociones de derecho y comunidad. En este sentido, y construyendo su argumento desde la obra de Roberto Esposito, filósofo italiano contemporáneo que utiliza los marcos de la biopolítica, sitúa el problema de la relación entre las nociones de derecho y comunidad. Explica la dialéctica de communitas e immunitas de Esposito, al mismo tiempo que la sitúa como un marco filosófico para la reflexión teórica sobre las dos nociones sobre las que construye su capítulo: comunidad y derecho. El autor cierra apuntando el efecto inhibitorio que el derecho tiene sobre la comunidad, así como posibles líneas de investigación que esta reflexión crítica abre sobre el derecho (Fragmento de la introducción de Elisa Ortega Velázquez, 2020, p. 14)

El objetivo del presente artículo es aportar una metodología que ayude a incorporar en las políticas públicas una perspectiva coherente con los derechos humanos, al tiempo que ayuda a mejorar su diseño. Para esto, de manera deductiva se propone un marco normativo consistente con las obligaciones asumidas de manera soberana por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, que debería guiar el diseño de las políticas públicas. A partir de dicho marco normativo se propone una rúbrica diseñada para que, a partir de la valoración de las metas de una política, permita hacer un juicio sobre la probabilidad de que la misma llegue a incidir de manera positiva en la resolución de un problema público, y que dicha incidencia se lleve a cabo de una manera consistente con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Alejandro I. Canales y Sofía A. Meza Mejía

En este documento ofrecemos un análisis de los perfiles, volúmenes y patrones de la migración de retorno en México, comparándolos en tres momentos diferentes: a) antes de la crisis económica y durante el gran auge de la emigración a los Estados Unidos; b) durante la crisis económica y momentos de mayor endurecimiento de la política antiinmigrante, y que implicó un virtual desplome temporal de la migración mexicana; c) la etapa posterior a la crisis económica, y en un contexto de moderado reimpulso de la emigración de mexicanos a los Estados Unidos. Nos interesa discutir si el crecimiento del retorno a fines de la década pasada fue sólo un fenómeno coyuntural producto de las peculiares circunstancias que lo provocaron, o por el contrario, implicó cambios en los perfiles y patrones del retorno, que aunque se redujeron en volumen, persisten actualmente conformando un fenómeno emergente cuyas implicancias y consecuencias aún no están claramente definidas.

La construcción de paz a través de la mediación no se materializa si en ella no existe perspectiva en materia de género que reconozca aquellas desigualdades y discriminaciones que no favorecen la generación de acuerdos equitativos y fomente relaciones de poder asimétricas. La construcción de una ética del cuidado en las mediaciones es imperante.