Productos de investigación

In recent years, Mexico’s judiciary has faced systematic assaults coming not only from the executive branch but also from the legislative power. Both the executive and the ruling party have criticized the judiciary’s role when deciding high-profile political cases, launching attacks that accuse judges of being a corrupt elite benefiting from hefty salaries. These attacks portray judges as protectors of interests that conflict with those of citizens and the democratically elected representatives. Under López Obrador’s administration, cases of significant political relevance have been brought before the courts. The Supreme Court has reviewed several of these cases and issued decisions against the president’s preferences – something that the literature on judicial politics recognizes as a key indicator of the Supreme Court’s independence – leading to executive attacks on the judiciary and its members, polarizing society, and uncovering mechanisms that the literature on democratization highlights as indicators of democratic erosion. This study delves into the dynamics of assaults on the judiciary and its relationship with the erosion of democracy: what steps do executive attacks follow to erode judicial legitimacy and independence? How can attacks on the judiciary lead to democratic erosion? What role do judges play in accelerating or stopping such regression? To address these questions, an original database was utilized. Through web-scraping techniques, stenographic transcripts of the President’s Morning Press Conferences, speeches, as well as plenary sessions of both the Chamber of Deputies and the Senate, were collected. The database comprises a total of 1,358 Morning Press Conferences and speeches delivered by the President between December 2018 and June 2023. Additionally, it includes 337 plenary sessions from the Chamber of Deputies and 382 sessions retrieved from the Senate’s website.

Este artículo adapta la propuesta de Esposito para aproximar sus categorías a casos concretos y mostrar cómo la reglamentación tiende a ocultar o inhibir a la comunidad, en su sentido de coexistencia y cuidado, la reduce a un mero conjunto identitario. Se pretende contribuir en la reflexión crítica sobre el fenómeno jurídico, en específico desde las nuevas reflexiones sobre la comunidad y los aportes de la biopolítica. Inicio construyendo un concepto de reglamentación, y problematizando algunas definiciones de comunidad. En la tercera parte, abordo el tema de la comunidad desde la propuesta de Roberto Esposito, como una dialéctica entre communitas e immunitas. En la última parte del texto, se muestran algunas de las cuestiones presentadas, que dan respuesta a la pregunta sobre qué podemos esperar o qué pasa cuando una comunidad se reglamenta.

El respeto al derecho humano al agua y el saneamiento es vital para el desarrollo integral del ser humano y, puntualmente, para tener salud y una adecuada calidad de vida. En el presente artículo se da cuenta de cómo el descuido en la calidad del agua potable puede llegar a afectar gravemente la calidad de vida. Se presenta como ejemplo un estudio de caso que se elaboró para el Tribunal Latinoamericano del Agua, en el cual se identifica que la contaminación del lago de Chapala es uno de los factores que afecta la salud y la economía en las poblaciones ribereñas. Es obvio que, siendo el lago de Chapala el principal abastecedor de agua del área metropolitana de Guadalajara, puede también llegar a afectar la calidad de vida de las personas que en ella viven.

La corrupción genera violaciones de los derechos humanos. Orillar a un ciudadano a pagar un soborno para ser atendido en un hospital público,por ejemplo, limita el ejercicio pleno de su derecho a la salud, lo cual constituye una forma de transgredir sus derechos humanos. A mayor escala, el desvío de recursos públicos en una dependencia o la solicitud de grandes cantidades de dinero para otorgar un contrato de obra pública son muestras de la disminución de la cantidad de bienes disponibles y la calidad de servicios recibidos por parte de la población. Ello transgrede abiertamente “las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos” (Vázquez et al., 2017, pág. 32).

Por esta razón, el combate a la corrupción es una de las formas en que se puede acotar la violación de los derechos humanos. Sin embargo,para establecer un conjunto de acciones estructuradas que se hagan cargo del problema de la corrupción, primero es preciso dar forma y sacar a la luz sus contornos y dimensiones, es decir, definir claramente a qué se refiere cuando se habla de corrupción.

En este capítulo se analizan distintas concepciones que están en el centro de la discusión sobre la corrupción y sus implicaciones para elaborar políticas públicas que ayuden a controlarla. El supuesto subyacente es que difícilmente se podrá gozar de un ejercicio pleno de los derechos humanos en México, si no se emprenden acciones contundentes para combatir la corrupción. Para ello, se requiere adoptar un enfoque de políticas públicas que la coloque como el problema central a ser atendido.

El capítulo presenta una breve discusión teórica sobre la ciudad como espacio de llegada desde un proceso de hospitalidad donde el asentamiento, inclusión e integración forman parte de este, el cual puede visualizarse como ideal limitado. Asimismo, se esboza una reflexión acerca de la diversidad de grupos migratorios de origen centroamericano en México y Jalisco para tener una perspectiva en relación a los movimientos en México. Además, se describe a los actores que dan atención a las personas centroamericanas en contexto de migración en la zona metropolitana de Guadalajara, y se trabaja desde las actividades que se realizan y las relaciones que se tejen entre actores; se señalan las necesidades que se observan, desde la experiencia de los actores, para posicionar a la ciudad como un espacio de acogida con procesos hospitalarios. Por último, se construyen las reflexiones finales con insumos de los cinco apartados anteriores.

Carlos L. Moreno Jaimes y Oliver Meza

To what extent can public policy affect the behavior of target populations without making far-reaching institutional or organizational changes? We investigate the efficacy of a policy instrument designed to increase people’s adherence to physical exercise. Based on social norms theory, we developed a communication strategy consisting in the weekly delivery of two types of messages to people’s cell-phones: one that informed them about their previous attendance to the gym, and another that encouraged them to exercise through a motivational phrase and image. We conducted a field experiment to test the efficacy of such strategy. Our results demonstrate that, for people who already developed the habit of exercising, descriptive messages did not induce them to improve their attendance to the gym given that they deemed they had exceeded their weekly exercise quota. On the contrary, motivational messages did improve attendance. Our research emphasizes that non-rational motivations can have important consequences on inducing healthy habits. It also claims that interventions such as the one we carried out is of practical importance for policy designers and implementation managers who, lacking the formal power to create radical changes, can nevertheless influence the behavior of target populations.

Ilsse Carolina Torres Ortega y Rebecca Danielle Strickland

El alcance de un proyecto socioeducativo dentro de una prisión depende de las particularidades del contexto. Este trabajo analiza la implementación del Inside-Out Prison Exchange Program en México, considerando diversos obstáculos socioculturales. Los hallazgos revelan importantes dificultades para lograr el aprendizaje transformativo en un entorno dominado por diversas violencias, el crimen organizado y el debilitamiento de las instituciones; pero también muestran el potencial y la necesidad de contar con proyectos socioeducativos en prisiones en tales contextos.

El control de constitucionalidad y convencionalidad no se limita única y exclusivamente a la función judicial, sino que se extiende a toda autoridad y órgano público. En el caso del Poder legislativo, su responsabilidad es determinante, ya que en la medida en que emita normas jurídicas exentas de cualquier tipo de invalidez, reduce la posibilidad de que la fuerza normativa del parámetro de regularidad constitucional se vea afectado, sobre todo, que se ponga en riesgo el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos.

Ante la crisis que está enfrentando la democracia en todo el planeta, desde hace poco más de una década se apostó por la búsqueda de mecanismos que le dieran a la ciudadanía una mayor participación en la construcción de soluciones a los problemas que enfrenta de manera cotidiana. Así fue como nació la noción de gobierno abierto, que rápidamente se extendió por todo el mundo, al mismo tiempo que evolucionaba conceptualmente, integrando cada vez más aspectos de la realidad institucional política, con lo que se llegó al concepto de Estado abierto.

México fue uno de los primeros países que se sumaron a esta corriente de innovación, así como a sus derivaciones. Y dentro de México, el estado de Jalisco fue también una de las primeras instancias subnacionales, tanto de nuestro país como del resto del mundo, en incorporarse activamente.

Debido a ese impulso, Jalisco modificó su Constitución, con el fin de incorporar los conceptos de gobierno abierto, justicia abierta y parlamento abierto, por lo que ahora constituyen mecanismos normativos de aplicación obligatoria.

Sin embargo, en México suele ocurrir que los cambios normativos no se traducen a su vez en cambios en el comportamiento de las instituciones, por lo que el presente capítulo pretende presentar una síntesis de la discusión en torno a las implicaciones de hacer realidad la noción de parlamento abierto, para confrontarlas con tres casos que se consideraron paradigmáticos en el tema.

Dichos casos tienen la particularidad de que dan cuenta de la intención de ciertas coaliciones ciudadanas por involucrarse democrática y activamente en el ejercicio de dos facultades soberanas del Congreso del Estado de Jalisco: la elaboración de leyes y la designación de funcionarios que no son de elección popular.

El balance general de este ejercicio es que durante la LXII Legislatura del Estado de Jalisco no hubo una apertura real a las demandas de participación efectiva de la ciudadanía, y que en el caso en el que hubo avances, estos se deben a la propia ciudadanía, que obligó al Congreso de Jalisco a abrirse, desde afuera, y no porque desde adentro se abriera espontáneamente la puerta.

Este libro aborda un objeto de estudio complejo y poco abordado por la ciencia jurídica, como es el relativo al «destino de los recursos púbicos», para explorar sus principales problemáticas dogmáticas, generadas -principalmente- por la concepción que permeó en el sistema jurídico mexicano durante todo el siglo XX en torno a los denominados «derechos sociales», y lograr así transitar hacia una nueva visión constitucional por la que, y al amparo de la dignidad humana, es factible proponer un diálogo franco entre la materia fiscal y presupuestal con los derechos humanos a fin de generar mecanismos jurídicos efectivos dirigidos a la satisfacción de las necesidades más básicas de las personas. Por ello, en este texto se analiza cómo es que la reforma constitucional de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, transformó el contenido normativo del principio de vinculación al gasto público al dotarle de una función de reivindicación social, consistente en la satisfacción por vía judicial de las necesidades básicas de aquellas personas o grupos que por su situación de desventaja están impedidos a ejercer plenamente su libertad.